La Fiscal Delegada de Siniestralidad Laboral del Principado de Asturias, Esperanza González Avella, solicita la condena de dos empresarios por un accidente laboral ocurrido en el Polígono de Olloniego en marzo de 2007, por el que un trabajador sufrió amputaciones en tres dedos de la mano derecha, según ha informado la Fiscalía.

La Fiscal Delegada de Siniestralidad Laboral del Principado de Asturias, Esperanza González Avella, solicita la condena de dos empresarios por un accidente laboral ocurrido en el Polígono de Olloniego en marzo de 2007, por el que un trabajador sufrió amputaciones en tres dedos de la mano derecha, según ha informado la Fiscalía.

Los acusados son: S. B. H., nacida en 1971 y domiciliada en Ujo, y L. B. C., nacido en 1944 y domiciliado igualmente en Ujo. La vista oral está señala el próximo día 7 de febrero de 2012, en el Juzgado de lo Penal número cuatro de Oviedo, a las 10.30 horas.

Además, el Ministerio Público pide también la inhabilitación especial de los acusados para el ejercicio de su profesión durante dos años, y a que indemnicen al trabajador, de forma conjunta y solidaria, con 120.000 euros por las lesiones y secuelas, y al SESPA con el importe que se acredite igualmente en sentencia por los gastos invertidos en su sanidad.

De estas cantidades, que se incrementarán con los intereses legales desde la fecha del accidente, responderán directamente las compañías aseguradoras de la empresa de los acusados, y de forma subsidiaria, la propia compañía.

LOS HECHOS

La Fiscalía mantiene que sobre las 10.00 horas del 29 de marzo de 2007, M. J. C. P., trabajador de la empresa Arachio S. L., en sus instalaciones del Polígono de Olloniego, estaba utilizando una escuadradora marca Corsa, modelo A 32, para cortar una tabla que tenía originariamente unos 60 centímetros de longitud, siete de ancho y dos de grosor, debiendo dejar un listón de 3,5 centímetros de ancho.

Para ello, la sujetó con la mano y la aproximó al disco de corte, que le alcanzó, causándole -según el informe médico- la “amputación de la falange distal y laceración de la piel volar a dos niveles del segundo dedo de la mano derecha, amputación de la falange distal a nivel de la cabeza de la falange media y fractura de la falange media del tercer dedo de la mano derecha, y laceración de la falange distal con fractura conminuta y pérdida ósea del quinto dedo de la mano derecha”.

Tras el accidente, la víctima necesitó tratamiento médico, quirúrgico, remodelador, rehabilitador y psiquiátrico-psicológico. El periodo de curación fue de 314 días impeditivos. Le quedaron las siguientes secuelas: amputación completa de la falange distal e incompleta de la falange media del segundo dedo de la mano derecha; amputación completa de la falange distal y media del tercer dedo de la mano derecha, amputación completa de la falange distal del quinto dedo de la mano derecha; y trastorno adaptativo. Ha sido declarado incapaz total para el desarrollo de su profesión. Fue atendido en el SESPA.

SIN PROTECCIÓN

El accidente se produjo porque los discos de corte y de ranuras no tenían protección alguna que impidiera que los dedos de la mano del trabajador pudieran llegar al disco de corte en funcionamiento. El trabajador carecía de empujador para piezas pequeñas. Por otra parte, la máquina escuadradota no tenía placa alguna de fabricación ni marcado CE, y no estaba adecuada al RD 1215/97, de utilización de equipos de trabajo, realizándose su adecuación después del accidente.

La acusada S. B. H., administradora única y socia de la empresa, era la máxima garante de la seguridad del trabajador, estaba obligada a proporcionarle las medidas adecuadas para el uso seguro de la máquina y a tenerla certificada de acuerdo al RD 1215/97. Conociendo estas carencias, le permitió la realización del trabajo.

El acusado L. B. C., socio de la empresa, estaba al tanto de la forma en la que se realizaba el trabajo e impartía órdenes al trabajador.

Fuente- eleconomista.es

Un trabajador falleció y otro resultó con heridas al parecer de gravedad unas horas más tarde en sendos accidentes laborales ocurridos en la provincia de Valencia en un corto intervalo de tiempo. Los siniestros tuvieron lugar en Alzira y Paiporta y en ambos casos las víctimas se precipitaron al vacío por causas que investigan la Policía Nacional y la Guardia Civil, respectivamente.

El accidente más grave sucedió en la capital de la Ribera Alta, donde falleció un operario de una empresa que se disponía a reparar el techo de una nave industrial ubicada en el polígono de la Carretera de Albalat al precipitarse desde unos diez metros de altura. Algunos empresarios de la zona detallaron que el trabajador subió con una escalera de mano a la parte superior de la nave industrial y, en unos instantes, se precipitó al interior a través de una de las placas translúcidas que tenía el encargo de cambiar.

En el exterior esperaba un compañero que, al percatarse del accidente, fue rápidamente en busca del propietario del inmueble a unas dependencias contiguas para que abriera la puerta ya que la nave en la que se produjo la caída se encontraba vacía y la víctima había accedido al tejado desde el exterior. Al entrar, encontraron el cuerpo tendido en el suelo y ya nada se pudo hacer por su vida. Se desconoce el motivo que pudo provocar la caída de este trabajador desde unos diez u once metros de altura. Al lugar del accidente se desplazaron agentes de la unidad de Homicidios del Cuerpo Nacional de Policía para investigar lo sucedido.
Por lo que respecta al accidente laboral en el que un pintor resultó con heridas en apariencia graves, ocurrió cuando el trabajador pintaba la pared de un patio interior de una finca sita en la calle El Palleter, número 3, de Paiporta.

El pintor se encontraba trabajando en un andamio en el terse piso, cuando cedió la barrera de seguridad y cayó al vacío, aunque con tan buena fortuna que fue a parar a una repisa que sobresale del primer piso, lo que amortiguó los daños.
Bomberos del parque de Torrent accedieron a la repisa e inmovilizaron al pintor, de 44 años, tras lo cual lo bajaron al patio de luces y, desde allí y a través de una vivienda, lo evacuaron hasta la ambulancia del SAMU que esperaba en el exterior. El trabajador tenía una contusión fuerte en el tórax y otra en la espalda, y anoche permanecía con pronóstico reservado en el Hospital General de Valencia, a la espera de los resultados de varias pruebas médicas.

Fuente- levante-emv.com

Bidones de material inflamable y tóxico apilados sobre una moqueta que ardería a toda velocidad y colocados junto a una ventana interior que accede al lugar habilitado para soldar, a la herrería y a la fragua donde trabajan a diario con fuego los operarios municipales. Es solo una de las alarmantes deficiencias en materia de seguridad laboral, tan frecuentes como graves, que ha ido encontrando la Concejalía de Personal en los centros de trabajo municipales. La pormenorizada inspección se encargó en noviembre a un técnico en prevención de riesgos laborales que está visitando hasta 30 dependencias, almacenes o despachos de propiedad municipal.

Para cada uno de los centros se elabora un informe que propone las medidas correctoras y el consistorio ya está llevándolas a cabo, según la edil Asun Mayoral (CLr), quien reconoció que hasta que acometieron estas auditorías se mantenían, heredadas de mandatos anteriores, “múltiples carencias en lo concerniente a los riesgos laborales con una plantilla de 700 personas” (funcionarios e interinos). El ejemplo de los bidones y la herrería corresponde al almacén de las brigadas municipales de infraestructuras, servicios y mantenimiento. Allí las recomendaciones del técnico en prevención (que Personal contrató directamente para 12 meses por 16.000 euros, IVA incluido) van desde señalizar el riesgo de incendio y toxicidad hasta buscar otro lugar para almacenar el combustible, o sellar la ventana medianera y abrir otra al exterior que permita ventilar la sala.

Pero esa es solo una de las actuaciones que ha tenido que acometer el Ayuntamiento para mejorar la seguridad. Otro caso está en la fuente de la Glorieta Gabriel Miró, que tiene todos los sistemas eléctricos en una habitáculo subterráneo al que se accede por una escalera vertical. El técnico concluyó que hay peligros tan evidentes como que el primer peldaño está a casi un metro de profundidad con respecto al suelo, por lo que hay que descolgarse literalmente para acceder a él sin apoyos para las manos, y además con “riesgo de atrapamiento”, porque la trampilla que cierra el habitáculo se sostenía con una barra inestable. Entre las correcciones propuestas están forrar los peldaños con bandas antideslizantes, igual que en el suelo de la sala, que además hay que aislar porque estaba mojado como consecuencia de una avería en la fuente. Mala combinación cuando la humedad es evidente en el suelo y las paredes de una sala en la que trabajan los electricistas.

Y a eso aún se suma que el Ayuntamiento tampoco cumplía en la entrega de vestimenta a sus operarios, según la edil, a quienes por convenio se les deben suministrar botas de seguridad, arneses, cascos o guantes. A este respecto, se tiene prevista una partida de 32.000 euros para nuevos uniformes en 2012, ropa de trabajo diseñada por el mismo asesor de seguridad en lo que a tejidos o especificaciones técnicas se refiere y que será obligatoria para las brigadas y los conserjes.

No solo se trata de cuestiones de seguridad de los operarios, sino también de preservar la privacidad, como ocurre en el caso del consultorio médico (dependencias de propiedad municipal, y en las que trabaja un conserje del Ayuntamiento). El técnico de seguridad propuso cambiar la distribución de las salas, porque “se observa que un único puesto de trabajo es ocupado por dos trabajadores con competencias completamente distintas, un administrativo y un sanitario, con la consecuente falta de intimidad para el paciente”.

De este modo, en la misma sala podía estar la cola para pedir cita y la camilla del enfermero para curar una herida o poner una inyección. Es más, el baño para pacientes servía de almacén de productos de limpieza, cuando un armario con llave podría evitar que accedan a ellos los niños.

La edil de Personal señaló que la inspección de centros de trabajo es previa a la elaboración de un plan de seguridad y salud que ya se está confeccionando para detallar los protocolos de actuación ante una emergencia o los riesgos de cada puesto de trabajo. En este sentido, se están definiendo los pasos a seguir, los puntos de encuentro en una evacuación o los niveles de responsabilidad de cada empleado ante cualquier suceso. En el mismo sentido, se está revisando el material con el que trabajan los empleados municipales y eso implica, según la concejala, desde unificar la vestimenta de jardineros o electricistas hasta proporcionar sillas especiales a los administrativos que padecen lesiones de espalda.

Fuente - Diario Información – Alicante