El terremoto que azotó en mayo pasado la población murciana de Lorca ya no ocupa los telediarios. Sin embargo, la normalidad está lejos de volver a una población de 90.000 habitantes, donde se han perdido vidas humanas y se han registrado importantísimos daños en el patrimonio público y privado. Como muestra, dos datos: ocho colegios y tres institutos están inutilizados y 82 edificios se han derribado o se van a derribar en los próximos meses.
El terremoto que azotó en mayo pasado la población murciana de Lorca ya no ocupa los telediarios. Sin embargo, la normalidad está lejos de volver a una población de 90.000 habitantes, donde se han perdido vidas humanas y se han registrado importantísimos daños en el patrimonio público y privado. Como muestra, dos datos: ocho colegios y tres institutos están inutilizados y 82 edificios se han derribado o se van a derribar en los próximos meses. La situación de emergencia y la propia reconstrucción exigen una vigilancia especial en materia de salud laboral y acciones específicas, que CCOO trata de abordar con los recursos disponibles en la comarca y con el apoyo del Gabinete de Salud Laboral del sindicato.
La primera acción en la que nos hemos empleado a fondo ha sido la defensa de quienes, desde el primer momento, se implicaron en las tareas de salvamento y desescombro. Nos referimos a 22 jóvenes del Servicio de Emergencias del Ayuntamiento que se encontraron frente a las consecuencias del terremoto cuando ejercían su labor en régimen de voluntariado, sin ningún tipo de contrato y por tanto sin cobertura laboral. CCOO llevaba tiempo exigiendo al Ayuntamiento que dicho voluntariado se profesionalizara y que esos jóvenes fueran contratados por una empresa pública creada a tal efecto. Cuando se produjo el terremoto y los 22 voluntarios empezaron a actuar sin ningún tipo de cobertura laboral, exigimos al Ayuntamiento la creación inmediata de esa empresa pública. La empresa pública efectivamente se ha creado dando cobertura a esos trabajadores y en estos momentos estamos implicados en las tareas de información, formación y negociación del convenio.
Una segunda acción urgente fue denunciar ante el concejal de Personal del Ayuntamiento la situación de sobreesfuerzo en la que se encontraban los funcionarios del Ayuntamiento de Lorca. Tras el terremoto, la reacción de los funcionarios fue ejemplar: mientras los políticos estaban en otras cosas, los funcionarios atendían a la población en distintos puntos de la ciudad, por turnos, mañana y tarde. Ante la falta de información y de criterios para desempeñar esta labor, denunciamos esta situación al concejal responsable pidiéndole que se organizara mejor el trabajo de estas personas, que, además, se veían afectadas, como el resto de sus conciudadanos, por las consecuencias del terremoto. Sin embargo, el concejal no entendió el fondo de la cuestión: “Primero son los ciudadanos antes que los funcionarios”, respondió, errando el tiro totalmente. De lo que se trataba no era de dejar de atender a la ciudadanía, sino de ofrecer un marco más organizado que creara menor estrés a quienes estaban asumiendo toda la responsabilidad de atención al público.
Un tercer hecho ha puesto en evidencia las graves desigualdades que se dan en el mundo laboral: mientras que al segundo día del terremoto, el Gobierno aprobó medidas fiscales para apoyar a las empresas de Lorca, los trabajadores que se han quedado sin empleo a consecuencia de un ERE, tendrán que esperar entre uno y dos meses para poder cobrar el paro. La vara de medir es diferente para unos y otros. Igualmente grave es la situación de los trabajadores inmigrantes en la economía sumergida: muchos han perdido sus casas y no pueden demostrarlo y la situación es tan desesperada que vemos un movimiento de reacción en términos de supervivencia: muchos ciudadanos y ciudadanas originarios de Argelia y Marruecos están enviando a sus familias a su país de origen y algunas familias latinoamericanas, que lo han perdido todo, están solicitando el regreso a sus países de origen.
Seguimos vigilantes para defender el derecho de los trabajadores y trabajadoras. Nos preocupa que los más de 300 nuevos empleos que se han generado en el sector de la construcción, para hacer frente a derribos y reparaciones, se desarrollen en un entorno de seguridad y salud y no tengamos que lamentar nuevas pérdidas humanas.
Fuente - Revista Por Experiencia, ISTA
Cuando se produce una emergencia nuclear primero se aplican medidas en una fase urgente, como el confinamiento o la evacuación de la población, y luego otras a largo plazo, como el realojamiento en zonas seguras o el retorno. La elección de una u otra medida se realiza en base a unos niveles de intervención o [...]
Cuando se produce una emergencia nuclear primero se aplican medidas en una fase urgente, como el confinamiento o la evacuación de la población, y luego otras a largo plazo, como el realojamiento en zonas seguras o el retorno. La elección de una u otra medida se realiza en base a unos niveles de intervención o dosis de radiación (medidas en milisievert, mSv), que son diferentes entre los países europeos.
Ahora el grupo de trabajo Preparación de Emergencia y Niveles de Acción (EPAL, por sus siglas en inglés), un equipo de expertos en protección radiológica que trata de armonizar las respuestas en Europa frente a una emergencia nuclear.Una metodología para unificar criterios y orientar en la toma de decisiones.
Este trabajo muestra la coherencia que deben tener las diversas medidas de protección de la fase urgente respecto a las de la fase del largo plazo, ya que si, por ejemplo, el nivel de intervención para realojar a las personas se establece muy bajo respecto al de confinamiento, se podría producir la situación absurda de realojar a las personas fuera y no haberlas confinado antes, con la consiguiente exposición al paso de la nube radiactiva, indica José Manuel Martín Calvarro, jefe del Área de Planificación de Emergencias del CSN y miembro del EPAL.
Para ayudar a los gestores tras un accidente nuclear, el equipo ha desarrollado un método en dos pasos. En el primero se calculan unas dosis y cocientes de referencia, para que, en el segundo, las autoridades puedan confirmar que han adoptado la medida de protección más adecuada.
El método de los dos pasos
El primer paso consiste en calcular las dosis efectivas para dos términos fuente: el accidente en un reactor nuclear tipo y la rotura de los tubos de un generador de vapor de otro reactor más avanzado. Como herramientas de cálculo se utilizan dos códigos internacionales de ayuda a la toma de decisiones en una emergencia nuclear (RODOS, desarrollado por el centro alemán FZK de Karlsruhe, y la versión rumana RO-CODE).
Con estas herramientas se calculan las dosis a diversas distancias, en distintas condiciones de dispersión contaminante (al variar las condiciones meteorológicas y el factor de dilución), en seco y con lluvia, y para cuatro periodos de integración.
Los periodos son: P1 correspondiente a los dos días posteriores al accidente (tiempo con el que la mayoría de los países de la UE estiman la dosis para el confinamiento), P2 entre los días tercero y 30, P3 desde el segundo hasta el duodécimo mes, y P4 desde el segundo año hasta el 50. Después se obtienen los cocientes de las dosis para los cuatro periodos respecto al P2.
Quizá lo más significativo del trabajo es haber determinado que, para una misma composición de isótopos del término fuente, los cocientes son solo función de la composición del vertido pero independientes de su cantidad, destaca Martín Calvarro.
El estudio también muestra que los cocientes no varían mucho con la distancia, pero sí al simular condiciones secas o de lluvia. Cuando llueve durante el vertido, la dosis por deposición en el terreno tiene mucho mayor peso que la que entra por las vías de inhalación o la originada por el paso de la nube, mientras que en ambientes secos la dosis por inhalación es la más significativa.
Los valores obtenidos en el primer paso sirven de referencia para que, en el segundo paso, las autoridades de cada país elijan el valor de dosis de una medida protectora y en función de este confirmen la coherencia de las demás medidas de protección. El valor de referencia se puede adoptar según la normativa nacional o las propuestas de los organismos internacionales.
La Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP) y la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA) recomiendan no superar una dosis de 100 mSv al año. En los dos primeros días tras un accidente nuclear el nivel máximo que establecen la mayoría de los países –incluido España– para el confinamiento es de 10 mSv.
El estudio no especifica cuáles son las dosis de referencia para repartir pastillas de yodo a la población, una medida habitual de protección para reducir el riesgo de cáncer de tiroides tras un accidente nuclear, pero sí señala que los valores son independientes del resto de los niveles de intervención.
Niveles de intervención en España:
Medidas de protección y dosis efectiva evitable (en milisievert, mSv):
Medidas urgentes
Confinamiento: 10en un período de confinamiento no superior a dos días. Para períodos más cortos, puede ser recomendable el confinamiento a niveles de intervención inferiores para facilitar otras medidas de protección, como la evacuación.
Evacuación: 50 en un período no superior a una semana. Se podrá adoptar la evacuación a niveles de intervención inferiores, por períodos más cortos o cuando la evacuación se pueda realizar rápida y fácilmente (por ejemplo, grupos pequeños de población). Pueden ser convenientes niveles de intervención superiores en caso de poblaciones especiales (pacientes de hospitales, ancianos, etc.), ante condiciones meteorológicas adversas u otros riesgos adicionales (naturales o tecnológicos), o cuando se trate de grandes grupos de población).
Profilaxis con yodo: 100 miligray (En este caso varía la unidad, y se refiere a dosis equivalente evitable. Se reparten pastillas con yodo inactivo para que el tiroides lo absorba y se sature antes de que llegue el yodo radiactivo).
Otras medidas urgentes son el control de accesos, la autoprotección de la ciudadanía y el personal de intervención, la estabulación de animales y la descontaminación de personas
Medidas de larga duración
Traslado temporal (albergue): 30 en el primer mes y 10 en el mes siguiente. Niveles de intervención optimizados genéricos para el comienzo y la terminación del albergue de media duración son de 30 mSv para el primer mes y de 10 mSv para el mes siguiente.
Traslado permanente (realojamiento): 10 al mes durante el 1er o 2º año o 1000 para toda la vida. Se considerará el realojamiento cuando no se prevea que la dosis acumulada en un mes descienda por debajo de 10 mSv al cabo de uno o dos años de iniciado el traslado temporal, o cuando la dosis proyectada en toda la vida supera 1 Sv.
Otras medidas de larga duración son el control de alimentos y agua, la descontaminación de áreas y recomendaciones al sector agrícola y ganadero
La mitad de las empresas andaluzas no tienen un plan de riesgos para hacer frente a accidentes laborales, según la I Encuesta sobre Gestión Preventiva en las Empresas Andaluzas, que apunta que el 91 por ciento de las empresas andaluzas asegura no haber sufrido nunca accidentes o enfermedades profesionales. El consejero de Empleo, Manuel Recio, [...]
La mitad de las empresas andaluzas no tienen un plan de riesgos para hacer frente a accidentes laborales, según la I Encuesta sobre Gestión Preventiva en las Empresas Andaluzas, que apunta que el 91 por ciento de las empresas andaluzas asegura no haber sufrido nunca accidentes o enfermedades profesionales.
El consejero de Empleo, Manuel Recio, ha presentado en Sevilla esta primera edición de la encuesta, un trabajo estadístico pionero que ha permitido realizar un acercamiento a la aplicación de las condiciones de seguridad laboral en el tejido empresarial andaluz, y que refleja datos destacados como que el 91,9 por ciento de las sociedades no ha registrado nunca ningún tipo de accidente laboral o enfermedad profesional.
Manuel Recio ha aprovechado la presentación de este estudio, realizado por el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, para animar a las empresas a invertir cada vez más en seguridad laboral, porque “este esfuerzo contribuirá a que sean más eficientes y más competitivas”.
Según Recio, “la cultura de la prevención es un camino muy importante para alcanzar la excelencia empresarial”, que además ha defendido que “trabajar no puede ser un riesgo añadido a la salud de las personas”. En esta línea, Manuel Recio ha insistido en que la Consejería de Empleo “nunca estará del todo satisfecha hasta reducir a cero el número de accidentes cada año”.
Manuel Recio ha destacado que el estudio presentado, el primero que se realiza de estas características, detecta avances importantes como que prácticamente el 44 por ciento de los centros de trabajo ha realizado actividades formativas en materia de seguridad laboral para sus trabajadores en los dos últimos años.
No obstante, el consejero de Empleo también señaló carencias importantes que, gracias a los resultados de esta encuesta, han podido ser incluidos en la Estrategia Andaluza de Seguridad Laboral, como el dato de que sólo en el 49,4 por ciento de las empresas se ha realizado una evaluación de riesgos.
El estudio del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos es el primero de estas características que se realiza en Andalucía, y da continuidad a la primera Encuesta Andaluza de Condiciones de Trabajo.
Cuenta con un tamaño muestral de 3.005 entrevistas, lo que ha permitido realizar una radiografía precisa del tejido productivo andaluz, como el tamaño de las empresas, que es predominantemente de entre uno y cinco trabajadores en un 82 por ciento de los casos; o el sector al que pertenecen, en un 74,8 por ciento enclavadas en el sector servicios.
Por ramas de actividad, la predominante es comercio y hostelería, con un 35,6 por ciento, seguida del grupo ‘Intermediación financiera, actividades inmobiliarias y de alquiler’ y ‘Servicios empresariales’, con un 17 por ciento.
En el análisis de las condiciones de seguridad laboral, un 88 por ciento de las empresas aseguraron no realizar actividades de especial peligrosidad, con desigual resultado según el sector, ya que en la construcción se detectó el mayor porcentaje de riesgo, con un 50 por ciento, mientras que en el sector servicios apenas alcanza el 4,7 por ciento.
Entre las actividades que presentan mayor nivel de peligrosidad, las empresas señalaron en primer lugar las obras de construcción, excavación, movimientos de tierra y túneles, que se realizan en un 5,5 por ciento de los centros de trabajo, seguido de la exposición a agentes tóxicos y muy tóxicos, presente en el 3,2 por ciento de los centros de trabajo.
UN 53,8% DE EMPRESARIOS VE PROBABLE UN ACCIDENTE EN SU EMPRESA
Con respecto a las actividades preventivas, las realizadas con mayor frecuencia fueron los reconocimientos médicos (61 por ciento), seguida de los planes de prevención (31 por ciento) y la planificación de la actividad preventiva. En la mayor parte de los casos, los empresarios aseguraron que ponen en marcha acciones para prevenir riesgos por “cumplir con la legislación vigente” (81 por ciento de los casos), aunque casi la mitad lo hicieron para “mejorar las condiciones de trabajo y garantizar la seguridad y salud de los trabajadores” (47 por ciento).
En cuanto al riesgo de accidente, un 35 por ciento de empresarios consideró que no habría probabilidad de que ocurriese accidente o enfermedad profesional en su centro de trabajo; mientras que un 53,8 por ciento sí consideró probable la existencia de un siniestro.
Por último, entre los centros de trabajo encuestados en los que había ocurrido un accidente, las causas más indicadas fueron los “despistes, descuidos, distracciones o falta de atención”, en un 33 por ciento de los casos; seguida de las “posturas forzadas o sobreesfuerzos”, en un 18,2 por ciento de los casos.
Recio ha resaltado la presentación de este informe en este momento de crisis “cuando parece que queda aparte todo lo que tenga que ver con la seguridad laboral y la prevención de los accidentes en el trabajo no tiene cabida”, a lo que ha resaltado que la Junta “tiene una postura completamente distinta, pues en todas las épocas es importantísima la gestión preventiva”.
De esta forma, considera que “es una encuesta oportuna, singular al ser la primera que se hace”, tras lo que ha animado a las empresas que no tengan plan de prevención a que lo hagan “cuanto antes”.
“El objetivo de la Junta es conseguir cero accidentes y hasta que eso no se dé seguiremos en nuestro intento, tanto desde el punto de vista de la prevención como desde la investigación y formación”, ha aseverado.
Fuente- Europa Press
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